domingo, 2 de agosto de 2009

Financiación autonómica y transparencia

En el documento sobre financiación autonómica aprobado recientemente (76 páginas) sobra retórica y faltan números. Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda habrán realizado numerosas simulaciones sobre las consecuencias del nuevo sistema de financiación, es decir, sobre los recursos que cada año recibirá cada comunidad autónoma en diferentes escenarios económicos (crecimiento del PIB, paro, inflación, etc.). Esas cifras serían muy útiles, más aún, son imprescindibles, para que los ciudadanos entiendan y puedan juzgar lo que el Gobierno central y los autonómicos hacen. ¿Por qué, entonces, no se han puesto a su disposición? O, en aras de una democracia mejor, ¿por qué no se ha dispuesto en la web del MEH un sistema, facilísimo en estos días, que permita a cualquiera que lo desee simular el funcionamiento del sistema que, no lo olvidemos, servirá para distribuir entre las CCAA en torno al 15% del PIB español, es decir, unos 150.000 millones de euros que los ciudadanos aportan con sus impuestos, presentes o futuros?
La respuesta es que los números son peligrosos: las palabras pueden, frecuentemente, reinterpretarse, retorcerse, adaptarse a las conveniencias del momento, permiten decir una cosa y la contraria en días consecutivos –el Presidente del Gobierno es muy aficionado a eso- pero los números atan de manera efectiva cara al futuro y dificultan la venta de humo –“todas las CCAA ganan”- y el interesado autismo autonómico de los políticos de todos los partidos –“mirad cuánto ganamos”, “yo conseguiría más”, y “a quién le importa el agregado de la financiación”. Consecuentemente, fuera números.
Veamos el caso de nuestra Comunidad respecto a financiación y a transparencia. ¿Recibió el Presidente Antich los números a que nos referíamos antes? Hemos de suponer que sí porque si no sería un completo irresponsable. Seguro que los recibió y los hizo analizar cuidadosamente por sus –nuestros- técnicos. Más aún, el Conseller Manera habrá, sin ningún género de dudas, completado el proceso que convierte población, superficie, crecimiento económico, insularidad, etc. año a año en recursos. Entonces, ¿por qué no ha puesto esos datos de la forma más completa y accesible a disposición de los ciudadanos que residen en estas Islas? ¿No se espera en una democracia transparencia e información para que los ciudadanos puedan participar en el debate político? La conclusión que se impone, lamentablemente, es que la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información no están entre las prioridades de nuestros gobernantes.
¿Qué debemos pensar, entonces, de la financiación de las Baleares con el nuevo sistema? El Presidente Antich se esfuerza en construir un discurso de éxito alrededor de la cifra mágica de 500 millones y de la expresión “media de financiación per cápita” –sin ni siquiera referencia clara a un año preciso- pero parece que teme por la fragilidad de su retórica: si los números la avalaran ¿no sería ya pública la hoja Excel que él tiene, sin duda, entre sus papeles? No hay más remedio, por lo tanto, que desconfiar.
Incluso faltos de la información detallada que ni el Gobierno ni el Govern quieren que tengan los ciudadanos hay, sin embargo, una crítica muy seria que se debe hacer al Govern. El nuevo sistema de financiación se ha acordado de una forma antidemocrática y disfuncional –bilateralidad, arbitrariedad, opacidad- por un motivo perfectamente comprensible: el Gobierno ha estado comprado su supervivencia política. Esto ha sido mansamente aceptado por el Govern. Ahora bien, más allá del concreto volumen de recursos que la Comunidad recibirá en el futuro –cuestión, como decíamos, envuelta en una espesa niebla- los intereses a largo plazo de nuestra Comunidad sólo pueden ser efectivamente defendidos en una negociación multilateral, racional y transparente, porque nunca tendremos la capacidad de “retorcer el brazo” del Gobierno que tiene, por ejemplo, Cataluña. Es decir, aún dejando aparte los valores constitucionales de igualdad y de solidaridad entre los ciudadanos, la consideración de los intereses de la Comunidad en su interpretación más estrecha obligaría a reclamar multilateralidad, racionalidad y transparencia, pero en lugar de hacerlo el Govern ha preferido ayudar al Gobierno y a Zapatero a trabajarse su supervivencia política, es decir, ha puesto los intereses de Zapatero y del Partido Socialista por delante de los intereses de la Comunidad.